Por Miguel Carrillo Bascary
En la actualidad se perfila una suerte de aparente enfrentamiento entre la elite que ha hecho de la Historia su profesión y el conjunto variopinto de divulgadores, memorialistas, investigadores y aficionados al estudio del pasado en sus diversas manifestaciones. Pareciera que el haber obtenido un título académico en la ciencia de Clío autoriza a un sector minoritario de estos laureados si no a discriminar a los vocacionales o, cuando menos, a “ningunearlos” y a relativizar el producto de sus esfuerzos. La injusticia es patente. Su falta de razón, absoluta. Significativamente, esta reprochable actitud solo es ejercida desarrollada por una minoría, que paradójicamente, gusta proclamar su “apertura”, sin advertir el autoritarismo que trasunta su postura.
Curiosamente se olvida que en todos animó y anima la misma llama: la pasión por desentrañar la Historia, por preservarla y transmitirla a las generaciones del futuro. Ella es pauta de nuestra identidad como pueblo. En este objetivo todos confluyen; sacrifican su tiempo, recursos y expectativas en aras de ese amor entrañable para legar al porvenir retazos del pasado y del presente.
Este es el espíritu que motivó a los diputados nacionales, Alfredo Allende y María Rita Drisaldi, para promover un proyecto de ley que consagrara un día destinado a recordar y homenajear el esfuerzo de quienes toman a la Historia como una parte importante de vida.
Por este medio, quiero difundir las motivaciones y los alcances del “Día del Historiador”, establecido por la ley Nº25.566 que fue sancionada en el año 2002, pero que hasta el momento no ha tenido la difusión que merece. Dice su texto:
“Art. 1º.- Declarar “Día del Historiador” el 1º de julio de cada año a los efectos de recordar y homenajear el esfuerzo que han realizado y realizan los escritores, investigadores, profesores y aficionados dedicados al estudio, propalación y análisis de los acontecimientos de carácter histórico”.
Lo primero que despierta la curiosidad es la fecha elegida, “1º de julio”, ya que el texto legal no lo indica. Este es un error de técnica legislativa que podría haberse evitado, pero que corresponde disculpar si consideramos el propósito de la norma.
Investigando el proyecto que dio origen a la ley, la omisión se supera. Allí se explica, que el 1º de julio de 1812, el Primer Triunvirato utilizó la florida terminología de la época, para ordenar que “se escriba la historia filosófica de nuestra feliz Revolución, para perpetuar las
memorias de los héroes, las virtudes de los hijos de América del Sud y a la época gloriosa de nuestra independencia civil, proporcionando un nuevo estímulo a la única recompensa que puede llenar las almas grandes".
La comisión fue asignada a quien fue un discutido hombre de aquél momento pero que indudablemente era uno de los intelectos más capaces, el deán Gregorio Funes. Concretó su labor escribiendo el “Ensayo de la Historia civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumá 1n”; en tres tomos. Los dos primeros se editaron en 1816 y el restante en 1817. En la pluma de aquél protagonista de tan azarosos tiempos se intentó componer una relación histórica que al mismo tiempo sirviera como manifiesto político del movimiento emancipador. Hoy podemos señalarle muchos defectos y formularle numerosos reparos, pero es indudable que debemos rescatar la decisión política de la más alta autoridad del país de difundir la visión histórica y la autojustificación de quienes hicieron la Revolución de Mayo y los sucesos que llevaron a ella. Posiblemente la obra resultó mucho más ambiciosa que lo pensado, ya que comienza con el descubrimiento del Río de la Plata. En su primer tomo el autor colocó una concreta dedicatoria que es toda una definición, “A la Patria”
Lo segundo que resalta en la norma aludida es su propósito, recordar y homenajear a los destinatarios. En la letra y en espíritu de los legisladores nacionales quedó expresado que no se formulan distingos. Para la ley se consideran “historiadores” tanto a los que obtuvieron un título académico como a los que hacen Historia sin haber transitado los estamentos formales de la Ciencia. No olvidemos aquí (como tampoco lo omiten los fundamentos del proyecto legal) que la Historia nacional comenzó a ser escrita por sus propios protagonistas, a través de sus memorias, relaciones de viajes y otros sucesos (como lo dice el mismo Funes y como quién es considerado como el fundador del academicismo, Bartolomé Mitre). A ellos se sumaron investigadores, divulgadores, cronistas; publicistas por afición; compiladores y editores de documentos; archivistas; conservadores de museos; etc. Muchos de ellos intentaron abarcar la totalidad del proceso histórico (argentino y continental). Otros se dedicaron a la historia regional y, aún hay muchos que hicieron lo propio respecto a la local. Otros más, enfocaron su interés en períodos específicos o en dimensiones particulares (economía, evolución del pensamiento político, de las artes, etc.). También están los que
consagraron su vida a la docencia en sus diversos niveles y los que arriesgaron la publicación de sus hallazgos y conclusiones. A estos deben sumarse muchos otros perfiles que sería sobreabundante reseñar.
En consecuencia, cada 1º de julio, ya sea en el silencio de las bibliotecas y archivos; desde la dinámica de las comunicaciones virtuales; con el reconocimiento de la cátedra; cuenten o no con la atención de los editores; todos ellos, serán recordados como historiadores por decisión popular, a través de sus legítimos representantes, como cuadra en democracia.
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